A la espera del resultado de las investigaciones se encuentran las autoridades del hospital general ‘Dr. Gustavo Domínguez’, tras la muerte de Jéssica Reyna Aveiga, de 31 años, quien ingresó a la casa de salud el viernes anterior para ser sometida a una cesárea.

Patricio Ampudia, director de la institución, indicó que en la unidad de salud se realizan unas 10 cesáreas diarias y 18 partos normales, aproximadamente.

Aseguró que no hubo negligencia médica y que “el personal a cargo cumplió a cabalidad con la intervención, pero el organismo de la mujer no respondió”, aseguró el galeno.

Según Ampudia, los médicos tratantes detectaron que la mujer tenía un quiste, el cual le impedía dar a luz normal. “Los doctores le informaron a Reyna y ella accedió para que le extirparan el quiste. Además, la niña estaba muy grande y se podía complicar el parto”, acotó.

Con el objetivo de buscar alternativas de solución para erradicar la informalidad de los taxistas ejecutivos e ilegales, socios y dirigentes del taxismo a nivel local y nacional, así como autoridades de tránsito, se reunieron ayer en Santo Domingo.

Luis Lamber, gerente de la Federación Nacional de Taxistas, afirmó que la nueva Ley de Tránsito no se la está aplicando. “Ahora es el momento de hacerlo y terminar con la proliferación de los informales”, argumentó.

Lamber dio a conocer que están realizando evaluaciones en todo el país para constatar cuántos taxistas son sancionados. Según el gerente, los policías sancionan mucho más a los socios que a los piratas.

Unos 1.800 juicios por pensiones alimenticias han ingresado durante este año en el Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencias. La cifra se mantiene igual a la del año anterior.

Marco Jirón, juez primero adjunto de la Niñez y Adolescencia, indicó que la Constitución garantiza el derecho de libertad de los seres humanos y también el de los niños y adolescentes.

Además, aclaró que el apremio por alimentos no es considerado una pena, sino una medida alternativa de presión para que el demandado cumpla con sus obligaciones.

Según Jirón, existen varias formas para solucionar dichos casos. Una de ellas es que el detenido proponga una fórmula de pago. “Eso sí, tiene que cancelar el 50% de la deuda de contado y el resto tienen que llegar a un acuerdo con el demandante para que pague por cuotas”, añadió.

Otra de las alternativas es entregar un bien mueble o inmueble que cubra dicho valor, o que un garante se comprometa a respaldar el pago. “Si no paga el aprehendido, tendrá que hacerlo el garante”, afirmó Jirón.

Desde las 09:00, en el parque de El Arbolito, miles de personas se congregaron para participar en la marcha por la seguridad convocada por el Municipio de Quito. El propósito era entregar una propuesta de reforma judicial a las principales autoridades de la Asamblea Nacional.

Entre la multitud se identificaban las pancartas con el nombre de los diferentes barrios, administraciones zonales y asociaciones gremiales que participaron de la marcha.

Junto a un gran letrero que identificaba a la Administración Zonal Eloy Alfaro se encontraba Andrés Bastidas, dirigente de la Argelia Media, en el sur oriente. En el sector donde vive, el principal problema es la falta de coordinación entre el trabajo de la comunidad y la Policía Comunitaria.